El lunes 10 de agosto, a las 5:45 de la mañana en Tijuana, recibí un mensaje de WhatsApp enviado por una amiga: "Llama a tu familia. Acaba de temblar horrible".
Acompañaba el texto una fotografía: cinco personas observaban la esquina de una calle donde se apilaban pedazos de concreto, madera, metales y ladrillos. Al fondo se veía la estructura tambaleante de un edificio a punto de colapsar, con ventanas y fierros colgando. No logré identificar el lugar; parecía la escena posterior a una explosión.
Le hice caso a mi amiga y llamé a mi mamá. Nadie respondió. Insistí varias veces, pero solo encontré el silencio impotente de la distancia.
Edificios departamentales La Lorena. Foto: Especial
Cuando vi el mensaje, en Pereira —la ciudad de mi niñez y juventud en Colombia— ya eran las 7:45. Dos horas de diferencia. Pensé que mi mamá estaría probablemente fuera de su departamento, en el centro de la ciudad. Pude hablar con ella tres horas después: la escuché asustada; lo importante es que estaba con vida.
Luego vino la cadena de preocupaciones familiares: verificar que todos estuvieran bien, buscar heridos, intentar ubicar a los tíos que no contestaban. Después, surgieron las preguntas por los amigos, sus familias, viviendas y animales de compañía.
En redes sociales comenzaron a circular las imágenes de Pereira: los sitios icónicos caídos, el polvo filtrándose entre edificios, casas e iglesias como una bruma de película de terror. El peso inerte de los escombros en las esquinas, las fachadas agrietadas, las viviendas rurales destruidas, las personas heridas y la zozobra por quienes no aparecían y podían estar bajo las estructuras.
Daño en iglesia. Foto: Especial
Aquel lunes 10 de agosto, un sismo de magnitud 7.4 sacudió la región centro-occidente de Colombia. El epicentro se ubicó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, aunque la violencia del movimiento se extendió hacia el Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Ciudades como Quibdó, Cali, Manizales, Armenia y Pereira sufrieron graves afectaciones. De inmediato, tal como ocurrió en México en los terremotos del 19 de septiembre de 1985 y 2017, la ciudadanía —con una aplastante presencia juvenil— interrumpió su rutina para transformarse en rescatistas, donantes, repartidores, coordinadores de acopio, cocineros y brigadistas de apoyo médico, psicológico y veterinario.
Nadie se quedó a esperar la respuesta de los gobiernos locales ni del gobierno nacional, que había asumido el poder apenas tres días antes. El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró en alocución pública que Dios "decidió presentarnos esta prueba tan difícil y, en su sabiduría, lo hizo precisamente el día en que comencé mi mandato".
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Ante la inacción institucional, las redes de jóvenes voluntarios supieron tejer formas de acompañamiento para quienes habían perdido algo o todo.
Una de esas herramientas fue la olla popular, que en Pereira se convirtió en un espacio de cuidado directo frente a la lentitud del Estado para atender la emergencia; una juntanza, como le dicen en Colombia a un encuentro entre personas que se unen con un propósito solidario y de intercambio de saberes.
Como escribió el cronista Gustavo Colorado: "andaba como alma en pena por las calles cuando vi a esos muchachos sin tiempo para deprimirse, porque lo suyo es el rescate".
—"Hay una resiliencia en Colombia", dice Diego Hoyos, con la certeza de quien reflexiona sobre esto hace tiempo. Seguramente la tenemos en todos los países latinos. Venimos de contextos que nos han exigido responder, y lo primero que hicimos tras el sismo, al confirmar que la familia estaba bien, fue actuar ante la emergencia. Cosa que la institución no hizo.
Estamos en Casa Abierta, un espacio cultural del centro de Pereira acondicionado como un lugar de acopio para la Red Juntanza Cultural, integrada por 40 colectivos de los que Diego forma parte. Es un lunes caluroso, a pesar de la noche. Han pasado varios días ya desde el terremoto.
Viajé a Pereira lo antes posible, impulsado por las publicaciones que mis amigos subían a redes sociales. Reportaban daños, convocaban a donar víveres, medicinas y ropa, difundían alertas sobre animales perdidos o rescatados, denunciaban el abandono en las zonas rurales y en el Chocó, y promovían una resistencia que se replicaba en Manizales, Cali y Quibdó.
Las fotos y videos eran la evidencia, al igual que las coberturas de medios independientes como Baudó AP y las crónicas periodísticas de jóvenes como Sidssy. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en Colombia se registra un total de 321 personas fallecidas y 257 desaparecidas. En Pereira, las autoridades locales confirmaron el 19 de agosto un saldo de 99 fallecidas y 132 desaparecidas; cifras que cobran dimensiones desgarradoras cuando se camina por las calles y se observan los vacíos de lo que ya no está.
"Esto nos sitúa ante la necesidad de entender nuestra nueva realidad", agrega Diego, de Casa Abierta. "Tenemos la capacidad de transformar y transformarnos según lo exija la coyuntura. Por eso abrimos ollas comunitarias de manera casi instintiva en los puntos más afectados".
Olla comunitaria. Foto: Especial
Las ollas se montaron sobre fogones de leña y de allí surgieron comedores y albergues. Uno de los más concurridos se instaló en el Parque Olaya Herrera. Para Diego, las ollas son "escenarios políticos" de acción inmediata, porque para alimentar a la gente no se pide permiso.
Sin embargo, para preparar una frijolada, un sudado o unos aborrajados se necesitan insumos: plátano, yuca, arroz, carne, granos, agua y maíz. Se requiere, además, logística y transporte. En Casa Abierta, las habitaciones lucen abarrotadas de donaciones procedentes de múltiples lugares: racimos de plátanos, bultos de arroz recostados en las paredes, botellas de agua y bebidas energéticas. Los voluntarios forman cadenas humanas para cargar y descargar camiones conducidos por otros ciudadanos. Con la guía de Layla Giraldo, quien ejerce como jefa de cocina, el equipo destina jornadas enteras para servir más de 100 raciones diarias.
La Red Juntanza cuenta con otros nodos habilitados como centros de acopio. Uno es la casa de William Ortiz y Carolina Gallego, cerca del Coliseo Mayor —espacio deportivo adaptado por la alcaldía como albergue— y de una unidad residencial cuyos bloques colapsaron.
Mediante grupos de WhatsApp, la red identifica los puntos con mayores necesidades. Al confirmar las carencias, envían el apoyo reunido: ropa, artículos de aseo o medicamentos. En ese momento entran en acción los voluntarios con vehículo.
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William y Julián Rengifo, al volante de una camioneta Vitara, han distribuido alimentos y agua en barrios y veredas desatendidos por el gobierno. En otros momentos, la convocatoria es para realizar mudanzas de emergencia.
En el sexto piso de un edificio del centro vivía Diana Ortega. Decidió dejar su departamento debido a una severa grieta en la sala, aun cuando la Dirección de Gestión de Riesgo catalogó la estructura como habitable tras descartar riesgo inminente de colapso.
Ese día, Cristian Cardona acudió a ayudarla. Junto a otros jóvenes, bajó muebles, electrodomésticos y libros. Cristian conoce el dolor de perder un hogar: el 10 de agosto vio cómo se derrumbaba el edificio donde vivía con su familia en La Lorena. Tras poner a salvo a los suyos, regresó con su hermano Junior para sumarse como rescatista. Gracias a sus incursiones entre los escombros, varios vecinos lograron salvar la vida o rescatar parte de sus pertenencias.
Lina María Montilla, voluntaria en el albergue del Parque Olaya Herrera, señala que la olla popular es un rasgo característico de las dinámicas comunitarias consolidadas tras el paro nacional de noviembre de 2019.
"Alrededor de la olla la gente no solo calma el hambre, sino que se reúne a debatir sobre los problemas de la ciudad", explica.
Tanto Lina como Diego ven en el estallido social —marcado por las protestas contra el gobierno de Iván Duque y la crisis de la pandemia— un hito que transformó las prácticas de los colectivos. Esos métodos de autoorganización reaparecieron ahora como un marco de referencia centrado en la defensa de la vida.
Olla comunitaria en Casa Abierta, espacio cultural del centro de Pereira. Foto: Especial
—La olla cumple una función vital: alimentar a todos por igual, sean damnificados, socorristas o integrantes de la fuerza pública, garantizando las condiciones para sostener la labor solidaria.
Converso con Lina diez días después del sismo, el 20 de agosto. El sol de mediodía pega con fuerza tras varias jornadas de lluvia intensa que entorpecieron las labores de rescate y complicaron la estancia en los albergues.
De su cuello cuelga una cinta con la bandera de Palestina y viste un chaleco reflectante naranja. Es la identificación de los 40 voluntarios que permanecen en el albergue. Eran más de 100, pero la inminente reactivación de las actividades laborales la siguiente semana ha reducido la brigada.
El Parque Olaya parece un campamento improvisado de tiendas de campaña. Conviven allí voluntarios de la escuela popular Pedagogía de la Emergencia, equipos de atención médica, psicosocial, veterinaria, cocina y logística. Una manguera conectada a un camión cisterna funciona como ducha improvisada. En este momento operan dos ollas comunitarias; la tercera fue trasladada a Casa Abierta.
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Lina enfatiza la necesidad de concretar un censo en el albergue para identificar las condiciones de la población y distinguir entre damnificados directos del sismo y personas que acuden por alimento. El terremoto, añade, terminó por visibilizar la pobreza y el hambre estructurales que ya existían en Pereira antes del 10 de agosto.
A la par de las redes comunitarias, en el tramo que conecta el Parque Olaya Herrera con el Parque Simón Bolívar —un corredor con vista a edificios derruidos y maquinaria pesada removiendo escombros— operan iniciativas independientes. Una de ellas es una gran paila para preparar enfrijoladas que llegó desde Piedecuesta, Santander, a más de 500 kilómetros de distancia. La atienden hombres sonrientes que registran la jornada para redes sociales.
Otra iniciativa es la de Doralba Agudelo y Diego Fernando Erazo, esposos y propietarios del restaurante Donde Diego's, ubicado cerca del afectado Teatro Santiago Londoño. Aunque deben reabrir comercialmente la próxima semana para cobrar a sus clientes habituales, mantendrán la comida gratuita para quien no pueda pagarla.
En el Parque de la Libertad, cerca de las ruinas del Hotel Dibeni —donde fueron hallados los cuerpos de los turistas mexicanos Mario Alberto Zapata Verdier y Brenda Eloísa Flores Reyes—, funciona otro comedor. El albergue abarca un entramado de carpas apretadas, un inflable para los niños y un altar donde se celebra misa diariamente. La gestión está a cargo de voluntarios de la iglesia cristiana Unisocial y del matrimonio integrado por Angélica Mejía y Uber Pineda. Allí también entregan medicinas, distribuyen ropa y operan un centro de acopio que despacha ayuda hacia veredas y barrios periféricos.
De regreso en Casa Abierta converso con Santiago Chiquito, integrante de la Corporación Cultural y Artística Áurea. Me cuenta que abrirán un nuevo nodo de acopio en el espacio cultural Armada 62, liderado por Juan Amarillo a pocas cuadras de allí.
—Nos interesa articular a los colectivos artísticos y gestores culturales para acompañar a los creadores que también resultaron gravemente afectados por esta emergencia —comenta Santiago.
Edificio caído en el Parque Bolívar.
Seis colectivos unieron esfuerzos para esta apertura, motivados por una inquietud central: que la solidaridad abarque también a quienes perdieron sus fuentes de trabajo en un contexto económico de por sí complejo.
En la Juntanza, la reflexión sobre el futuro de la ciudad es constante. Diego Hoyos señala que, si bien las primeras acciones respondieron a la inercia del impacto, con los días la red se consolidó hacia un modelo de gestión más estructurado y autogestionado.
Así lo entienden también Malena y Juan Diego Márquez, integrantes del colectivo Un Museo Intangible, impulsor de la red junto al proyecto cultural Khuyay y su promotora Natalia Cano.
—Esta nueva realidad social dejó al descubierto la desatención del Estado y su ausencia en momentos clave —afirma Malena, mientras Santiago pica zanahorias y se prepara la masa de plátano maduro en el patio—. Las iniciativas de mayor impacto han surgido de la cooperación entre ciudadanos que buscan cuidarse entre sí.
Esa noción de cuidado colectivo busca garantizar la sostenibilidad de los propios procesos comunitarios, procurando bienestar laboral, económico y emocional para los voluntarios. Tras días de trabajo ininterrumpido, el desgaste físico es evidente.
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—Aprendimos que somos nosotros quienes nos cuidamos —concluye Malena—. Como organizaciones debemos autogestionar nuestro bienestar para sostener el de la ciudad y continuar garantizando el alimento.
Esa necesidad de protección se hizo evidente cuando la olla comunitaria tuvo que salir del Parque Olaya Herrera tras recibir amenazas de presuntos integrantes de una banda local. La red activó sus protocolos de seguridad y trasladó de inmediato el equipamiento y al personal voluntario.
Hablo con Diego una última vez. Me comparte que trabajan en una aplicación para sistematizar la información sobre suministros y necesidades en los distintos barrios. Me recalca la importancia de garantizar un plato de comida durante la reconstrucción, pues el alimento restaura la energía necesaria para afrontar la cotidianeidad.
Luego confiesa su temor a acostumbrarse al nuevo paisaje urbano: una ciudad marcada por los vacíos y las esquinas rotas. Finalmente, tras una breve pausa para recobrar el aliento y mirando hacia un espacio que no ha tenido tiempo de habitar durante estos diez días de emergencia, Diego concluye:
—Somos unos antes del terremoto y otros después. Todavía tenemos una deuda con el duelo, con llorar a los nuestros. Seguramente lo haremos cuando pase esta euforia. Cuando las necesidades básicas estén cubiertas, tendremos tiempo de sentarnos a asimilar lo que nos pasó.